Los servicios de basuras municipales se van a encarecer un 30%, hasta los 3.700 millones de euros anuales -unos 80 euros por ciudadano-, para cumplir con la nueva Ley de residuos, que traspone normativa comunitaria.
A esa cantidad hay que añadir una inversión superior a los 2.600 millones para mejorar los sistemas de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización; parte de esas inversiones correrán a cargo de los fondos europeos de Reconstrucción tras la pandemia: el Gobierno ya ha habilitado 421 millones este 2021, cuyo reparto negocia con las comunidades autónomas.
Cada español genera casi 500 kilogramos de residuos municipales anualmente: unos 22 millones de toneladas que se gestionan públicamente -hay otros 2,8 millones de toneladas de gestión privada- con un coste de recogida y tratamiento de unos 2.900 millones año. No lo hacemos bien, porque según la legislación europea, desde el año pasado se debería reciclar un 50% y estamos en el 33,5%; además, remitimos a los vertederos un 53,5%, y más de 3,5 millones de toneladas van sin tratamiento previo, algo prohibido por la UE.
La mala gestión de los vertederos ha provocado varios expedientes de Bruselas contra el país y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) considera probable que acaben en una sanción económica, al estilo de las que ya sufren Italia, de 40 millones más 42 millones al semestre hasta que cumpla la normativa comunitaria, o Grecia, de 10 millones más 14 millones cada seis meses.
Además, la UE ha aprobado varias directivas, con objetivos más ambiciosos de reciclado -hay que llegar al 65% en 2035, con hitos intermedios-, exigencias adicionales para plásticos –en julio se prohíben varios de un solo uso, como los cubiertos-, la obligación de recoger separadamente la fracción orgánica en todos los municipios en 2024, o lo más difícil: remitir un máximo del 10% de la basura al vertedero en 2035.