A partir de 2024, las empresas deberán garantizar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad que abarcan aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Este año, se implementarán progresivamente diversas directivas a nivel nacional y europeo, lo que obligará a las organizaciones a adaptar su comunicación sobre sostenibilidad hacia los diferentes grupos de interés, que incluyen clientes, proveedores, empleados, accionistas y las comunidades afectadas por sus actividades. A continuación, os presentamos las principales novedades normativas y sus aspectos destacados.
Principales cambios normativos ESG para 2024
Las siguientes regulaciones son de cumplimiento obligatorio y modificarán cómo las empresas de la Unión Europea reportan y gestionan la información relacionada con la sostenibilidad:
Informes de sostenibilidad
La nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) modifica la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación no financiera. Este reglamento europeo, vigente a partir de 2024, guiará a las grandes empresas y pymes en la presentación de informes de sostenibilidad. Estos informes deberán incluir, entre otros elementos, “los planes de la empresa para asegurar que su modelo de negocio y estrategia se alineen con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C”, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de París.
La CSRD amplía considerablemente su alcance, afectando a unas 50,000 empresas en lugar de las 12,000 bajo la regulación anterior. A partir de este año, las organizaciones con más de 500 empleados deberán comenzar a recopilar información sobre su impacto social y ambiental, incluyendo metas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y compromisos para mitigar el cambio climático, con el objetivo de publicar estos datos en 2025.
Estándares Europeos de Sostenibilidad (ESRS)
Las empresas tendrán que elaborar sus informes de sostenibilidad siguiendo unos estándares comunes. Los ESRS (European Sustainability Reporting Standards) consisten en una docena de estándares alineados con la Iniciativa de Reporte Global (GRI). En total, se establecen más de 1,700 requisitos relacionados con los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. Para facilitar este proceso, la organización EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), promovida por la Comisión Europea, ofrecerá orientación técnica y directrices sobre la aplicación de estos estándares.
Tanto la CSRD como los estándares ESRS subrayan la importancia de la cadena de valor y los conceptos de doble materialidad y diligencia debida, este último relacionado con la futura Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad.
Diligencia debida en sostenibilidad
La nueva Directiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) impondrá a las empresas la obligación de identificar, prevenir y mitigar sus impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye tanto impactos reales como potenciales generados por sus propias operaciones, así como por sus filiales y cadenas de suministro.
La CSDDD se aplicará a aquellas empresas de la Unión con más de 500 empleados y un volumen de negocios de 150 millones de euros, además de otras que operen en sectores de alto impacto. Las empresas deberán abordar “los impactos ambientales adversos generados durante la gestión de residuos” y otros efectos que surjan de sus operaciones, productos y servicios, con especial atención a la cadena de suministro de materias primas y la eliminación de productos o residuos.
Las sanciones por incumplimiento podrán alcanzar al menos el 5% de los ingresos de la empresa. Los países miembros tendrán dos años para implementar estas normas. En España, ya se está trabajando en un Anteproyecto de ley que busca proteger los derechos humanos y establecer la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.
En febrero de 2024, la UE decidió posponer la votación sobre la CSDDD debido a la falta de una mayoría necesaria, después de que Alemania anunciara su intención de abstenerse.
Circularidad y combate al greenwashing
La Directiva sobre Declaraciones Ambientales de la UE tiene como finalidad proteger a los consumidores del greenwashing. Esta legislación establece criterios para combatir declaraciones ambientales engañosas o poco fiables que las empresas utilizan para describir sus productos y servicios. Además, busca frenar el aumento de ecoetiquetas —actualmente hay unas 230 en circulación en Europa— y salvaguardar los sellos oficiales.
La Comisión Europea también ha propuesto modificaciones a la Directiva de derechos del consumidor, exigiendo a productores y vendedores que proporcionen información sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos. Según la CE, “los consumidores tienen derecho a conocer la duración prevista de un producto y, si es posible, cómo repararlo”. Para ello, los comerciantes deberán informar a los consumidores de manera clara y comprensible, ya sea en el embalaje o en la descripción del producto en sus sitios web.
Finalmente, esta nueva legislación de la UE que prohíbe el lavado verde y la información engañosa fue aprobada en febrero de 2024.
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